COVID y Justicia telemática: la irrupción de la disrupción

Tras la publicación el pasado 28 de abril del Real Decreto-ley 16/2020, de las medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de la Justicia, se otorga preferencia al uso de las herramientas telemáticas en la celebración de los actos procesales durante el estado de alarma y los tres meses posteriores, salvo en aquellos procedimientos que, por su gravedad, se estime necesaria la presencia física del acusado.

Un salto tecnológico que se constituye, tras la lectura del Real Decreto-ley y de las directrices europeas alineadas con la dinamización de actos judiciales, como el principal foco de incertidumbre por su falta de concreción acerca de las pautas y procedimientos tecnológicos que han de considerarse con objeto de no limitar las garantías procesales.

La simbiosis de los equipos de trabajo: una cuestión procesal y tecnológica

Alinear las herramientas telemáticas con el proceso judicial es crucial para el éxito de la transformación digital. Para conseguirlo, se ha de trabajar con equipos colaborativos y transversales capaces de compartir un mismo lenguaje y una misma visión de las necesidades y de los medios para llevarlas a cabo con criterios de eficacia, eficiencia y usabilidad.

Garantizar la grabación de las vistas o gestionar los roles y sus respectivas intervenciones son cuestiones acuciantes, como también lo es garantizar la seguridad de las comunicaciones por cualquiera de las dos vías posibles hoy día.

La primera admite la utilización de productos comerciales que cifren la información de extremo a extremo con herramientas de código cerrado y bajo la propiedad de una determinada marca comercial; la segunda, supone escoger entre el desarrollo interno o la adaptación de herramientas de código libre en las que para la gestión habrá de existir en todo momento un rol de moderador y por tanto, un control único de la vista, de las grabaciones y de las salas de espera donde aguardan los testigos a la vista.
Pero su implantación no es sólo técnica sino también pedagógica: además de la formación, habrá de atenderse también a la importancia de la concienciación de los usuarios. Otro punto crucial será el acceso a la gestión documental requerida durante todo el proceso judicial, garantizando siempre la trazabilidad y la custodia de todos los datos almacenados.

Gestionar la incertidumbre

La migración hacia un sistema telemático entendemos no debe ser una medida de carácter excepcional ligada exclusivamente a la situación de crisis generada por el COVID-19, sino un acicate para adaptar la Justica a la realidad actual, así como una oportunidad para dotar de seguridad jurídica a una tendencia –la de los juicios online– ya explorada en otros países de nuestro entorno.

Su implementación no supondría solamente un ahorro evidente en costes y tiempos, sino también una mayor protección y seguimiento de todo el proceso a través de la tecnología: el despliegue de una política proactiva de ciberseguridad supondría un gran escudo de protección ante filtraciones con gran impacto mediático (documentos, imágenes e incluso vídeos).

Sabemos que la simbiosis legal-tecnológica es posible porque lo vivimos cada día en Castroalonso. La innovación y el continuo desarrollo e integración de las tecnologías de gestión, las videoconferencias y la ciberseguridad aportan soluciones escalables, flexibles y seguras para acometer la próxima transformación de la Justicia.

Apuesta infinita y valiente por la innovación

El trabajo remoto es tendencia y realidad hoy en día. Rubén Fernánez, responsable del departamento de marketing & business transformation en Bloomvertech, reflexiona sobre esta nueva realidad en un artículo para Conecta Industria: Apuesta infinita y valiente por la innovación.

A continuación, el artículo completo:

El 2020 quedará marcado a fuego en nuestra memoria. El año del confinamiento, de la enfermedad, de la incertidumbre y también del tiempo en el que todos tomamos consciencia de que innovación y tecnología se daban la mano para facilitarnos la vida y fomentar la economía colaborativa. Aunque la preocupación por la crisis en que nos ha sumido la COVID-19 se extienda a todos los sectores, es una evidencia que la pandemia ha sido rotunda con la actividad empresarial: en las semanas más duras, sólo las empresas con cierto grado de digitalización pudieron continuar su actividad.

Nunca hubiéramos podido imaginar que el teletrabajo, una ficción para buena parte de los trabajadores en España, tomaría su protagonismo actual. Hoy, el trabajo en remoto es tendencia y realidad. Una solución que, si bien abre un nuevo espectro de posibilidades para empleados y empresas, también entraña nuevos riesgos que debemos encarar.

Habilitar Escritorios remotos virtuales, supone en primer lugar la necesidad de contar con una infraestructura de seguridad adaptada. Cuando aumentamos el perímetro de acción de nuestro negocio, crece parejo a él la inseguridad. Por ello, siempre remarcamos que es vital contar con una política interna de ciberseguridad que proteja no sólo la estructura informática, sino también nuestros Derechos digitales y los mayores activos con que contamos: la protección de los datos y la propiedad intelectual e industrial.

Se habla de que vivimos tiempos de transversalidad, y no podemos más que asentir porque hace tiempo que somos pioneros en estas lides y apostamos con decisión por la fusión jurídico-tecnológica en nuestra estrategia corporativa. Una apuesta por la Ciberseguridad y el Derecho tecnológico como ejes vertebradores de un entramado que hoy entremezcla asuntos de ética, privacidad, legislación y seguridad.

Debemos colaborar para evitar más cierres que dañen a nuestro tejido productivo

Hoy, las empresas invierten, se arriesgan, son valientes y luchan por sobrevivir. En el Derecho Mercantil contamos con instrumentos que facilitan la adaptación a la nueva situación post-COVID y salvaguardan la actividad empresarial, bien a través de reestructuraciones o mediante la negociación de los pre-concursos de acreedores. publicidad

Comenzábamos hablando de cómo estos meses nos han obligado a reflexionar acerca de nuestras vidas y nuestros negocios, y me gustaría despedirme con dos apuntes: el primero es que hemos de devolver a la Innovación y la Investigación el protagonismo que les corresponde en la estrategia corporativa y la segunda es que la innovación es infinita y siempre devuelve sus frutos cuando le damos la oportunidad.

 

Nueva era digital: abogados e ingenieros trabajando conjuntamente.

Los perfiles técnicos están aquiriendo mayor relevancia en las organizaciones. Cristina Caldueño, directora de proyectos en CASTROALONSO LET, nos cuenta a cerca de esto en el número 951 de la revista jurídica AJA. A continuación, el artículo completo.

La revolución digital ha trastocado a las organizaciones. Las clásicas, con una jerarquía, un circuito de información y una toma de decisiones centralizada con abogados y como mucho con economistas, han dado paso como sabemos, a modelos colaboracionistas horizontales que priorizan los proyectos descendentes y que incorporan perfiles técnicos como factor destacado para generar más negocio y subirse al carro de lo digital y en algunos casos de lo desconocido.

En todo lo relativo al emprendimiento de este ecosistema digital en el que nos movemos lleno de incertidumbre, los informáticos, matemáticos, ingenieros, psicólogos y hasta filósofos ya se mezclan, conviven y enriquecen junto con los abogados digitales y no digitales en los despachos jurídicos. Por otra parte, a estas alturas los abogados ya saben que sin competencias digitales, cultura digital, actitud tecnológica y habilidades sociales integradoras será complicado salir adelante.

Visión más amplia del negocio.

La incorporación de estos profesionales aporta otras visiones, otros métodos, que en el fondo los propios clientes del despacho han demandado y demandan en la actualidad. Fundamentalmente por ese motivo ocupan ya puestos relevantes en las firmas jurídicas. Todos ellos aportan una visión mucho más amplia del negocio y facilitan introducirse en nuevos mercados eminentemente tecnológicos.

Estos nuevos «grupos de trabajo» que podemos seguir llamando equipos multidisciplinares, en realidad pretenden ser conjuntos talentosos con perfiles diferentes, disruptivos, con formas de pensar distintas. La convivencia de unos y otros puede tornarse complicada por los modos, maneras y pareceres nuevos. Es evidente que para todas las partes es un esfuerzo extra interrelacionarse y colaborar con compañeros que hasta el momento no formaban parte de las plantillas de los despachos jurídicos y que para algunos poco tienen que ver con el ámbito del Derecho. La realidad a día de hoy es que los despachos que han incorporado a sus plantillas profesionales de distintas ramas como la ingeniería, cuentan con resultados con un valor extraordinario y se acercan más a sus clientes con un servicio más competitivo, global e innovador.

En la actualidad, la rápida evolución tecnológica, unida a las nuevas áreas de conocimiento y la necesidad de regularlas, está imponiendo que los bufetes se lancen también a la búsqueda de expertos en inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud compunting, big data, realidad aumentada, etc. Por poner un ejemplo concreto, uno de los temas estrella en el ámbito legal es el de la justicia predictiva. Se trata de ofrecer datos fiables sobre la probabilidad de ganar o perder un caso basándose en la inteligencia artificial. Otras tendencias que ya están integradas en algunos despachos son el uso del algoritmo, la integración de softwares, blockchain o la interacción con el cliente mediante chatbots y, de forma más incipiente, la prescripción a través del machine learning y el Internet de las Cosas.


Ante este panorama ¿quién se atreve a excluir a los ingenieros informáticos, de telecomunicaciones, matemáticos o hackers éticos de los bufetes de hoy?

Es evidente que estos profesionales se hacen imprescindibles y que cada vez más los departamentos de recursos humanos de los despachos jurídicos se ven obligados a buscar y encontrar perfiles formados en universidades que ofrezcan grados novedosos como el de Ciencia e Ingeniería de Datos, que actualmente puede cursarse en universidades como la UAB de Barcelona, la Carlos III, en la Politécnica de Cataluña o de Valencia y el próximo curso en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI).

Ingenieros con experiencia en el sector legal.

Para los nuevos titulados en estas ingenierías no deja de ser un reto atractivo ampliar conocimientos no previstos en la carrera. Se trata de expertos en tecnologías de la información, en gestión de proyectos, que están dispuestos a adquirir experiencia en el sector legal y dar un soporte de valor añadido a las operaciones desde el área de Tecnologías de la Información desarrollando por ejemplo, herramientas de software jurídico.

Por su parte, aquellos licenciados en Derecho que sepan programar, aunque no sean especialistas, y que conozcan las principales herramientas digitales lo suficientemente bien como para colaborar directamente con los ingenieros y desarrolladores de software, llevarán las de ganar en esta nueva era llena de dilemas en donde la gestión de los datos se posicionará por encima del resto.

El desafío en estos momentos está quizá más en la propia educación digital de los estudiantes, que pasa por la combinación de disciplinas para enfrentar un futuro en el que las relaciones entre personas y máquinas aún es una incógnita. Se trata de complementar la educación oficial basada en los contenidos del currículo con una metodología que combine contenidos STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) y HECI (Humanity, Ethics, Creativity, Imagination).

Nadie puede ya poner en tela de juicio a estas alturas que los despachos actuales deben saber gestionar la diversidad, cambiar la mentalidad, su cultura, con perfiles más globales, tecnológicos y flexibles. Ya no se trata de usar tecnología sino de pensar tecnológicamente.

A pesar de la incertidumbre la convivencia es un hecho, está dando buenos resultados y es irreversible.

ENS: Esquema Nacional de Seguridad.

El grado de concienciación que los ciudadanos tienen sobre sus derechos en materia de protección de datos ha aumentado significativamente. Andrea Matador Aguilera, abogada de nuevas tecnologías y seguridad de la información en CASTROALONSO LET, nos habla en el número 955 de la revista jurídica AJA sobre el Esquema Nacional de Seguridad. A continuación, el artículo completo.

La nueva legislación relativa a la protección de datos ha supuesto un enorme reto de adaptación en todos los ámbitos. En el de lo privado, nuestros despachos y empresas, y también en el de lo público, Administración y organismos locales, regionales o estatales han hecho esfuerzos para poner en marcha su maquinaria de seguridad. ¿Cuál es el balance un año después de la Unión Europea y del Comité Europeo de Protección de Datos? A pesar de muchas dificultades aseguran que es positivo.

Por un lado, el grado de conciencia que los ciudadanos tienen sobre sus derechos en materia de protección de datos ha aumentado significativamente. Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) durante este primer año de vigencia del RGPD, recibió alrededor de 14.000 reclamaciones (casi un 33% más), de las cuales más de 2.000 fueron canalizadas y resueltas satisfactoriamente, mientras que las notificaciones relativas a brechas de seguridad recibidas por dicha Agencia superan las 900.

En el ámbito de las Administraciones Públicas, con la entrada en vigor RGPD y la posterior aprobación de la LOPDGDD, ha sido necesario que también éstas se actualicen y pongan en marcha todas las medidas previstas en este nuevo marco legal, como entes encargados del tratamiento de datos de todos los ciudadanos (padrón municipal de habitantes, administración de sanciones, multas y tributos, tratamiento de datos sensibles para el acceso a subvenciones o ayudas sociales, etc). Durante los 15 meses de vigencia del RGPD, aproximadamente un 10% de las reclamaciones que los ciudadanos han realizado a la AEPD han sido por trámites con la Administración Pública.

Al igual que ha ocurrido en el ámbito del sector privado, la transformación digital del sector público tiene que ir acompañada de medidas organizativas y técnicas de seguridad que protejan la información manejada, los servicios prestados, las relaciones con los ciudadanos y por supuesto, entre ellas mismas. Para dar respuesta a todo ello, el art 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que tiene por objeto «establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada».

¿En qué consiste el ENS?

Y llegado a este punto, ¿qué es y en que consiste a grandes rasgos el
ENS? Pues bien, es la herramienta encargada de definir la política de seguridad que las Administraciones Públicas han de cumplir en materia de seguridad, en la utilización de medios electrónicos. El Real Decreto al que hemos hecho referencia anteriormente, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, contiene los principios básicos y requisitos mínimos que permiten establecer una política de seguridad en la utilización de medios electrónicos por parte de la Administración para la protección adecuada de la información. Su finalidad, tal y como señala la propia norma, es la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a lo Público, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.

En este sentido, las Administraciones Públicas tienen, además, la
obligación de elaborar y publicar un registro de actividades de tratamiento, informar al ciudadano sobre el ejercicio de sus derechos, así como designar un Delegado de Protección de Datos que cuente con la debida cualificación, y proporcionarle los recursos necesarios para el efectivo ejercicio de sus funciones.


Medidas divididas en tres marcos.


Estas medidas de seguridad se encuentran identificadas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad y se dividen en tres marcos: uno organizativo, constituido por un conjunto de medidas relacionas con la organización global de la seguridad; otro marco operacional, constituido por las medidas a tomar para proteger la operación del sistema como conjunto integral de componentes para un fin; y por último, medidas de protección, que se centran en los activos concretos, según su naturaleza con el nivel requerido en cada dimensión de seguridad.

En definitiva, en nuestro país y gracias a un esfuerzo colectivo, disponemos de profesionales y empresas cualificadas, herramientas completas, adecuadas y eficientes para que empresas privadas y Administraciones Públicas continúen desarrollando e implantando modelos que cumplan con la normativa con el objetivo último de beneficiar y defender los intereses de clientes y ciudadanos.

El BIGData en INE: Se acabaron las encuestas

Numerosos ciudadanos han contactado con sus operadoras de telefonía para oponerse a la cesión de datos que éstas harán a favor del estudio del INE. ¿Por qué surge esta polémica? ¿Qué usos pueden hacerse de estos datos anonimizados? Lorena Pérez Martínez, responsable del área jurídica en CASTROALONSO LET, escribe escribe en profundidad sobre este tema para la revista jurídica AJA. A continuación, el artículo completo.

Mucho se ha hablado estos días sobre la privacidad y la cesión de los datos de localización de terminales móviles que las tres grandes operadoras de telefonía del ámbito nacional (Movistar, Vodafone y Orange) harán a favor del INE y que afectará a usuarios de toda España. Esta cesión de datos para uso estadístico permitirá al INE conocer dónde viven, trabajan y cómo se mueven los ciudadanos durante ocho días, con el fin de incorporar su resultado al estudio sobre movilidad que ofrece tradicionalmente en los Censos de Población y Viviendas.

En su comunicado institucional el INE informa de que los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, no pudiendo rastrear la posición de ningún terminal de manera individualizada. También se ha hecho hincapié en la anonimización de estos datos, recalcando que el estudio, sometido a la Ley de la Función Estadística Pública, cumple con todos los requerimientos de la Ley de Protección de Datos.

Y es que efectivamente la anonimización de los datos excluye la aplicación sobre los mismos de la regulación en protección de datos personales. El propio Reglamento General De Protección de Datos (UE) 2016/679, en su considerando 26, excluye de su objeto de regulación los datos anonimizados, inclusive con fines estadísticos o de investigación.

La polémica está servida.

No obstante, la polémica está servida, hasta el punto de que numerosos ciudadanos han contactado con sus operadoras por diversos medios para transmitirles su malestar y oponerse a participar en el estudio. Y no es para
menos si tenemos en cuenta que, respecto de una población de algo más de 46 millones de personas y según el número de líneas móviles de cada operador a diciembre de 2018, las tres principales operadoras de telefonía acaparan aproximadamente el 80 % de la cuota de mercado en España. Esto nos da una idea del volumen de datos a los que el estudio hace referencia.

Tomando como referencia el número masivo de datos que van a ser tratados, respecto de la población total, la cuestión aquí no es la privacidad
de los datos personales individualmente considerados, sino el BIG DATA que se genera, es decir, la recopilación y el tratamiento de cantidades ingentes de datos, que afecta a elevado número de la población, así como la búsqueda de tendencias dentro de estos datos.

El análisis predictivo de grandes cantidades de datos, junto con técnicas analíticas, estadísticas y de aprendizaje automático, permiten la creación de un modelo predictivo para prever eventos futuros o calcular una probabilidad. Por tanto, lo que importa del Big Data no reside en el tratamiento de los datos individualizados, sino en la detección de los patrones que surgen al cruzar un gran volumen de datos, que son tratados sistemáticamente, y lo que las organizaciones, públicas o privadas, puedan hacer con ellos.

Posible uso con fines comerciales.

Esta información puede utilizarse con fines estadísticos que permitan la mejora de los servicios públicos y las infraestructuras, claro que sí, pero una vez obtenidos también podrían ser usados con fines comerciales, económicos, publicitarios e incluso de orden público, porque los datos de localización de terminales móviles tomados durante los días que dure el estudio del INE, dejando de lado el tema de la movilidad ciudadana, también permitirán conocer cuántos terminales se encuentran activos en el área de un determinado centro o zona comercial, cuántos han pasado por delante de una marquesina publicitaria, o cuántos se encuentran en el área de influencia de una manifestación o de incidentes como los ocurridos en Cataluña durante las últimas semanas.

El análisis predictivo de los datos que genera la actividad de los ciudadanos, junto con la creación de patrones y detección de tendencias, así como el uso de los resultados obtenidos en la toma de decisiones por parte de empresas y Administraciones Públicas, es uno de los temas más necesitados de reflexión en la actualidad y precisamente, debido al riesgo que entraña su uso, justifica que los ciudadanos nos tomemos un momento para reflexionar sobre el alcance y la proporcionalidad de la injerencia de los poderes públicos en los derechos y libertades, ya sean individuales o colectivas, de una sociedad democrática, incluso en los casos en los que los fines perseguidos son legítimos.